Sánchez impulsará la ilegalización de las asociaciones franquistas en pleno ciclo electoral

La Ley de la llamada «Memoria Democrática» ha sido aprobada esta semana de forma definitiva y, con ello, se abre un aluvión de medidas que deben ser ejecutadas, según la norma, en el plazo de un año. Es decir, en pleno ciclo electoral de las municipales, autonómicas y generales, previstas para diciembre de 2023. Entre esas medidas se incluye la ilegalización de las asociaciones franquistas. Una iniciativa de enorme efecto simbólico para Pedro Sánchez, como lo fue también la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

La norma -pendiente de su inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- recoge expresamente que, en ese plazo, se promoverá una modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, «con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Apoyos

Al tratarse de una ley orgánica, Sánchez necesitará de una mayoría absoluta para modificarla. Eso significa que, con la mayoría con que la ley de «Memoria Democrática» fue aprobada en el Congreso, el pasado julio -173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones- no saldría adelante. El socialista tendrá que buscar el apoyo imprescindible de ERC y BNG -que se decantaron por la abstención al considerarla insuficiente-, además de algún diputado de Junts y la CUP, que votaron en contra. Junts condicionó el apoyo al reconocimiento de la «nación catalana» como «víctima» del franquismo.

Así pues, Sánchez sí está obligado a promover esa ilegalización, aunque todo quedará a expensas de la negociación con sus socios separatistas.

Más compleja parece aún la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. En este caso, no se establece ningún plazo concreto. La Ley de Fundaciones expresa que «concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo», y el Gobierno ha incluido también como tales la apología del franquismo «con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas» o «incitación directa o indirecta al odio».

La norma regula el procedimiento para llevar a cabo la extinción, que partirá del Protectorado, un organismo dependiente del Ministerio de Cultura.

Ese Protectorado deberá instar judicialmente la extinción, pudiendo el juez acordar la suspensión provisional de las actividades hasta que se dicte sentencia. Desde la Fundación Francisco Franco ya avanzan acciones legales y aseguran que se defenderán en los tribunales del intento del Gobierno de liquidarla.

Indemnizaciones

También en el plazo de un año el Gobierno tendrá que poner en marcha una «comisión técnica» que deberá «elaborar y presentar un estudio «que describa el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la dictadura» y que «establezca conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y los déficits subsanables».

Además, la norma obliga al Ejecutivo a presentar en el Congreso la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y a realizar una auditoría de los «bienes expoliados» en la Guerra Civil y la dictadura. Las víctimas, señala la ley, tendrán derecho al «resarcimiento de los bienes incautados». El Ejecutivo pone especial atención en el expolio de papel moneda. Las asociaciones de afectados han venido reclamando al Gobierno que se les indemnice por estos bienes y se remiten a un informe del Banco de España que, al cambio, supondrían hasta 3.000 millones de euros.